¡Penas de hasta 25 años de prisión para quienes recluten personas en el crimen organizado!

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una reforma que tipifica el reclutamiento para actividades criminales como un delito, estableciendo penas privativas de libertad para quienes incorporen personas a organizaciones delictivas, con el fin de cerrar lagunas legales y reforzar la protección a las víctimas.

Con 419 votos a favor, el dictamen modifica la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, buscando sancionar a quienes capten, induzcan o recluten individuos para integrarlos en grupos criminales o involucrarlos en actividades ilegales.

La reforma establece que las personas que cometan este delito pueden ser condenadas a penas de prisión que van de 10 a 20 años, además de multas que oscilan entre 5 mil y 50 mil días. Si el reclutamiento se lleva a cabo mediante amenazas, intimidación, coacción, violencia física o moral, o abuso de autoridad, las penas aumentarán a un rango de 15 a 25 años y las multas a entre 10 mil y 80 mil días.

Un aspecto fundamental de la reforma es que el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes se considerará siempre forzado, sin importar las circunstancias en las que hayan sido captados, buscando así fortalecer la protección de los menores frente a las redes delictivas.

Asimismo, se establece que las autoridades podrán iniciar investigaciones de oficio sobre estos hechos, sin necesidad de que las víctimas presenten una denuncia, dado que muchas personas reclutadas permanecen bajo amenazas, intimidación o control de sus agresores.

Durante el debate, legisladores de diversos partidos coincidieron en la urgencia de combatir el reclutamiento mediante engaños, falsas ofertas de empleo y amenazas, especialmente a través de redes sociales y otros medios de comunicación.

Tras su aprobación en San Lázaro, la minuta fue remitida al Senado de la República para continuar con el proceso legislativo, por lo que aún falta completar los trámites necesarios antes de que las nuevas disposiciones puedan entrar en vigor.